Entendemos menos aún que en otras ciudades españolas, con la misma problemática de usurpación del nombre de la candidatura, la decisión por parte del Tribunal Contencioso-Administrativo de ámbito provincial haya sido en dirección contraria a la tomada por el juzgado número 4 de Córdoba.

Nos parece una decisión injusta, insensata y antidemocrática porque ampara a un partido-estafa que funciona como una empresa y que se dedica a usurpar y sobornar a candidaturas municipales con representación institucional, nacidas bajo los principios éticos e ideológicos del 15M y que llevamos años trabajando a favor de nuestras ciudades y por el bien común.

De facto, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional con su decisión de no admitir a trámite nuestro recurso es ilegalizar a 18.000 cordobeses y cordobesas que nos votaron y a quienes quisieran hacerlo el 26 de mayo.

Nos parece surrealista y no damos crédito que estemos siendo víctimas de una estafa y que el Constitucional, en lugar de proteger nuestros derechos, le haya dado la razón a quien ha causado la estafa.

Seguiremos informado en las próximas horas de cuantas acciones judiciales, políticas y cívicas tomaremos para seguir defendiendo nuestros derecho fundamentales como Ganemos en Común y también los de la ciudadanía cordobesa, que es al fin y al cabo la gran damnificada porque se le está privando el derecho constitucional al pluralismo político y a votar en libertad.

Así, esta situación de indefensión, se condena a este proyecto político y social, con un fuerte arraigo en la ciudad, a no poder concurrir a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo.